2019 Sebastiane Latino

Temblores, Dolor y Resistencia

temblores presentación

La guatemalteca Temblores de Jayro Bustamante ha ganado el 7 Premio Sebastiane Latino. Desde su estreno en la Berlinale hasta que reciba su galardón en el 67 Festival de San Sebastián muchos han creído que lo que cuenta sobre las “curaciones” gays es ciencia ficción… Desgraciadamente no lo es. Jayro Bustamante y su equipo han puesto el foco sobre una realidad que se da en todo el mundo y no sólo en América latina. Un iceberg de dolor porque pocos supervivientes denuncian a su familia o su culto.

Por eso hemos pedido a Rafael Garrido Álvarez que nos cuente la experiencia de Ecuador, uno de los pocos países del mundo que ha reaccionado legalmente e imaginativamente. Este abogado ecuatoriano acaba de publicar su tesis en materia de género, Violencia contra mujeres lesbianas y hombres gays en la ciudad de Quito, 2008-2015 y es jefe de prensa del festival LGTBI de Ecuador, El Lugar sin límites.

.http://www.elugarsinlimites.net/

Dolor y resistencia: la lucha contra las prácticas de reorientación sexual en Ecuador

Rafael Garrido Álvarez

La homosexualidad fue retirada de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud el 27 de mayo de 1990. Este hecho tuvo una gran influencia de la Asociación Americana de Psiquiatría, que desde 1973 eliminó la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los trastornos mentales.

Pese a los criterios de estas organizaciones, en muchos países del mundo se sigue considerando la homosexualidad como una patología que, como tal, puede y debe ser curada. Ecuador ha sido uno de esos países en los que por años han proliferado las ofertas de servicios pseudoterapéuticos dirigidos a modificar la orientación sexual de personas homosexuales.

Temblores

En Ecuador el modus operandi por lo general incluía una serie de delitos como drogar a la persona, privarle ilegítimamente de su libertad e incomunicarla. Adicionalmente, las prácticas de reorientación incluían violaciones correctivas, electroshock, privación del sueño, inmersión en agua, mala alimentación y prácticas humillantes como obligar a las personas a caminar y vestirse “apropiadamente” según los roles de género impuestos socialmente.

Temblores

Las prácticas señaladas no tienen ningún asidero científico y está demostrado que no pueden producir el resultado que ofrecen. Lo que sí consiguen ese tipo de prácticas es vulnerar la integridad física, psíquica y moral, al entrar en el campo de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos actos dejan secuelas como depresión, ansiedad, trastornos del sueño, entre otras.

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A raíz de la denuncia de múltiples casos de prácticas de reorientación sexual, el Ministerio de Salud Pública emitió una normativa para prevenir ese tipo de actos que, muchas veces, tenían lugar en iglesias cristianas y establecimientos de salud para el tratamiento de personas con consumo problemático de drogas (ESTAD). Actualmente, el Acuerdo Ministerial 080 del 8 de agosto de 2016 regula los ESTAD y, en su artículo 21, prohíbe ofrecer, practicar, o recomendar tratamientos o terapias cuya consecuencia sea la vulneración de derechos humanos, protegiendo expresamente la orientación sexual y la identidad de género. El mismo artículo prohíbe también la utilización de cualquier forma de maltrato físico, psicológico o sexual.

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Si bien Ecuador ha tenido avances importantes al reconocer la gravedad de la problemática, su institucionalidad y su legislación aún son débiles para erradicar por completo las prácticas de reorientación sexual. Asimismo, los altos niveles de impunidad de los casos que llegaron a ser denunciados en los últimos años, envían un mensaje desalentador a la sociedad que observa como las personas responsables no son sancionadas ni las víctimas reparadas integralmente.

Las organizaciones de derechos humanos, particularmente aquellas que trabajan en favor de la población LGBTI, continúan vigilantes para denunciar la tortura dirigida hacia a modificación de la orientación sexual y seguirán trabajando para exigir al Estado medidas que impidan que estos hechos se repitan.

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